Investigaciones de Fiscalía y Procuraduría en Cauca : Por Felipe Solarte Nates


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Cuando parecía que la investigación por el caso de Indeportes Cauca, iba a prescribir sin conocerse la verdad de los hechos, una seguidilla de tres sucesos la despertó del sueño de las gavetas.

El primero, durante reciente visita a Popayán del Procurador General, Alfonso Carrillo, para recibir denuncias públicas de diferentes sectores sociales y especialmente las relacionadas con supuestas irregularidades cometidas en la ejecución de algunos contratos por el alcalde de Popayán, Cesar Cristian Castro y algunos funcionarios de su administración. 

En esta reunión algunos maestros del sindicato Asoinca expresaron numerosas quejas sobre el mal servicio de salud. 

También, Carlos Pito, esposo de Ana Bolena García, exgerente de Indeportes Cauca, denunció, que el proceso por el que estaba detenida, había sido trasladado a Bogotá, junto a la Fiscal que lo adelantó en Popayán, “para manipularlo y engavetarlo” y que además se negaban a interrogarla, a pesar que había solicitado en repetidas ocasiones, el “principio de oportunidad” para declarar en contra del ex gobernador Temístocles Ortega, quien según ella, había sido el principal determinador del cambio de destino, a cerca de $457 millones, destinados a los juegos intercolegiados ‘Supérate’, para ayudar a financiar la campaña electoral del actual gobernador, Oscar Rodrigo Campo.

El segundo suceso que alborotó el dormido avispero, fue la caída del zar anticorrupción de la Fiscalía, Gustavo Moreno, a quien en Miami, la DEA y el abogado defensor del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, le tendieron una trampa grabada, buscando comprobar los sobornos que le exigía para bloquear la investigación que por varios delitos dirigía en su contra.

 El escándalo y posterior destitución y encarcelamiento de Gustavo Moreno en Bogotá, suscitó que la historia de su rápido ascenso, los padrinos que lo recomendaron ante el Fiscal General y otras investigaciones a su cargo, fueran escudriñadas con lupa por los medios de comunicación y autoridades judiciales, encontrando que el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, junto al ex magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Roberto Ricaurte, fueron sus principales impulsores, lo que llevó a que los sabuesos orientaran sus pesquisas a los casos relacionados con estos personajes. Así, conocieron, que Leonidas Bustos es el abogado que defiende al también ex magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Temistocles Ortega, en el caso de Indeportes Cauca y la cadena radial Caracol y el periódico El Tiempo, se interesaron en el proceso, entrevistando a Anabolena, recién liberada por “vencimiento de términos”, y a su abogado defensor, quienes declararon que el zar anticorrupción había engavetado el proceso y no quería interrogarla.

Alborotado el cotorro en Popayán, los medios y redes sociales, Temístocles Ortega, declaró que era un conspiración política en su contra, urdida por el Defensor del Pueblo, Carlos Negret y otros personajes que buscaban impedir su campaña al Senado.
En el caso de la investigación de Indeportes Cauca están en juego dos versiones: La de Temístocles Ortega, quien asegura que la exdirectora actuó motivada por intereses exclusivamente de lucro personal, o la de Anabolena que asegura haber actuado presionada por él Ortega Narváez, para desviar fondos a la campaña del actual gobernador Rodrigo Campo.

Pero también surgen otras variables sobre el papel que jugaba la empresa periodística de la familia Pito García, en el beneficio de parte de los recursos desviados del deporte para fortalecer a su empresa reforzada con generosa pauta publicitaria de entidades públicas controladas desde la Gobernación del Cauca. ¿Era un apalancamiento de mutuo beneficio?. ¿Esta alianza les permitiría posicionarse como grupos políticos y periodísticos dominantes en el medio caucano?

Estos interrogantes tocará despejarlos a la Fiscalía, al continuar la investigación “que estaba engavetada en Bogotá”, según el defensor de Anabolena García y si en la Fiscalía reciben ampliación de su indagatoria. Tampoco hay que olvidar que la Procuraduría General ya conoce del proceso.